11 noviembre de 1996
Ningún grupo académico, de opinión o de expertos se había planteado tal cuestionamiento, hasta que un miembro del poder judicial, dotado supuestamente de independencia e imparcialidad como resultado de las reformas con las que se estrenó el actual sexenio, plasmó en una sentencia dicha versión, basado en un transitorio de la Ley de Instituciones de la materia que entró en vigor en julio de 1990, en el que le da al ejecutivo un plaso de 360 dias para expedir los decretos mediante los que se trasformarían en S.A. las Sociedades Nacionales de Crédito, es decir, la banca nacionalizada por López Portillo.
Si fué por negligencia, desconocimiento de las consecuencias o simple “barrida” derivada de la perversidad de instrumentar un esquema de complicidad que facilitara el acceso de amigos del presidente a la banca, el asunto del no cumplimiento de la obligación que el Congreso impuso al ejecutivo de entonces, es tema delicado que no puede soslayarse y para el cual, el hoy responsable en los Pinos debe proveer, antes que nada, una salida política, que parta del reconocimiento de la gravedad del caso y le de espacio de asesoría seria a quienes todavía pueden con dignidad llamarse jurístas.
Frente a la realidad de una ejecutoria del máximo tribunal judicial, que considera la posibilidad de la inexistencia de los actuales bancos, muchos planteamientos dignos de ser tomados en cuenta no pueden ignorarse: Quienes compraron, ¿pagaron indebidamente al gobierno pués les estaba ofreciendo algo que no podía, en estricto sentido jurídico, vender? Si esto fuera así ¿el gobierno está en la posibilidad de regresarles su pago, resarcirles su daño o subsanar la falla? Si este fuera el caso ¿con el dinero de quién se operaría dicha reparación?
Estos bancos, supuestamente inexistentes, han actuado durante los últimos cuatro años afectando ámbitos del sistema financiero nacional, político e internacional del país, amén de que en su relación con los clientes, los sujetaron a un esquema que ha privilegidao la usura; por lo qué, de sostenerse la versión de la nulidad absoluta que propicio su genésis, habría, quizá, elementos para configurar contra quién resulte responsable -llámenese aspes´s o salinas- una auténtica tración a la patria, que ha soportado el empobrecimiento extremo de todo un pueblo que ahora no duda que de sus bolsillos, no solo se tomó el dinero para privilegiar a unos cuantos nuevos ricos, sino además los recursos para prestar millones de doláres -según anuncio hecho en el marco del reciente segundo informe presidencial- a personas
……LIZARDI…… ….CISNEROS…..
morales -esto en términos jurídicos porque en el ámbito de la ética quizá el calificativo no les queda- practicamente sin vida.
En las actuales condiciones de: dependencia que sufrimos respecto de los poderes económicos internacionales, que por cierto no dudarían en hacer de esto el sustento de una versión latinoamericana de la guerra de los pasteles, falta de credibilidad interna, debilitamiento del Estado y ganancia de espacios políticos por parte de las fuerzas más retrógradas a nivel nacional y mundial, riesgos como el permitir que sean los deudores, los inversionistas extranjeros o los malos mexicanos quienes impongan una solución a este desaguizado no pueden correrse. Con todo respeto a los informadores y con un llamamiento a la cordura a los buscadores de las ocho columnas, este es un momento muy delicado para el futuro y la viabilidad de un proyecto de nación soberana e independiente en el que, por supuesto los abogados, deberían ver más allá del interés pecuniario de unos cuantos, antes de publicitar comentarios ligeros que comprometen el futuro de nuestros hijos y nietos.Es tiempo ya de actuar con cordura, de presentar salidas justas para el pueblo, de castigar ejemplarmente a los enemigos de éste y de asumir con todo lo que implica las ligerezas y errores que hasta hoy hayamos cometido.
