LA ASISTENCIA: NECESIDAD, BOTIN O GENEROSIDAD. – 28 de Octubre de 1996

Los foros de discusión, han sido amplios y la preocupación por aliviar las carencias de los grupos más vulnerables, ha pasado de ser un interés de religiosos y uno que otro filántropo con recursos en la época colonial, a bandera de lucha social, actuar desesperado de quienes no tienen alternativas y hasta lavado de dinero de perversos que de esta manera pretenden expiar culpas y ganar adeptos aprovechando las condiciones de desigualdad y pobreza que los gobiernos y los sistemas económicos no han podido resolver.
Las auténticas organizaciones de servicio claman: por respeto a su libertad de asociarse y la alternativa de beneficios pecuniarios, bien por la vía de las conceciones fiscales, bién por la definición de canales para el acceso a recursos que maneja el erario y que en última instancia pertencen al pueblo, dado que éste los generó por la contribución fiscal. El gobierno por su parte, al tomar consciencia de que ha dejado vacío un espacio de servicio que por esencia le correspondía, pretende por la vía de la legislación, regular una actividad que se ha mantenido por siglos con cierta independencia y hasta respetabilidad, y como en todo río revuelto, los pescadores furtivos que perciben -con razón- que el control de los presupuestos y las acciones de beneficencia y asistencia social pueden convertirse en instrumento de poder político y económico.
“Revizar el marco jurídico”, declaran ahora algunos funcionarios ante el crecimiento de la influencia de la filantropía corporativa en manos de los empresarios -muchos de ellos identificados con grupos políticos opositores al gobierno constituído legítimamente y la preeminencia de instancias que, por la ambición de algunos y la falta de visión y sensibilidad de otros, se descentralizaron y desconcentraron sin que nadie al interior del propio Estado midiera la consecuencia del abandono de espacios ahora utiizados más en términos electorales que en función del servicio mismo, lo cual aunado al crecimiento de las diferencias sociales y al aumento de la consciencia social, convierte a este tema en delicado y de vital importancia para la vida de una nación a la que algunos pretenden aniquilar por la vía del hambre y la enfermedad física y social.
Y mientras el forcejeo continua, los problemas aumentan, porque los niños victimas de violencia intrafamiliar no tienen más alternativa que la calle, frente al cierre de centros que antes manejaba el DDF o los estados y son hoy más proclives a la explotación sexual o al riesgo de ser atrapados en actividades delictivas, ante cuyo fenómeno las procuradurías se convierten en cuellos de botella. Los indigentes a los que antes beneficiaban los grupos de voluntarios gubernamentales, drogan a sus bebés para hacer más dramático el acto de pedir una lismosna, los minusválidos aprovechan su silla de ruedas para mostrar a automovlistas y transeúntes su tragedia, y los niños expósitos van de mano en mano pués no llenan el “perfil de adopción” del DIF, que ha decidio ser sólo normativo y no operativo.
Sí, estamos de acuerdo en que urge una revisión del marco jurídico, pero ojalá que esta no se haga de gabinete y al margen de una realidad que no es sencilla, que tiene múltiples actores y que reclama justicia social y respeto al derecho constitucional de todos para realilzar las acciones que juzgue pertinentes, lo cual entraña la posibilidad de acceso equitativo a recursos no sólo materiales sino de asistencia técnica y gestión que permita a los ciudadanos estar incluídos en la solusión de sus propios problemas, codo a codo con la autoridad y no confrontados como si se tratara de enemigos que ven en los enfermos, los pobres, los ancianos, las  mujeres y niños víctimas, un botìn y no un reto social a vencer, que nos permita defender lo que hemos anhelado: una sociedad justa, sana, fuerte y unida.