07 abril 2003
Inquieta que el hoy ex asesor de asuntos jurídicos de la presidencia, en su discurso de entrega de estafeta, haya asegurado que por primera vez en México la ley es vigente. La preocupación va más allá de la implicación de ilegitimidad a todo lo ocurrido antes de este pronunciamiento, que si fuera exacto, nos obligaría a desconocer todos los actos jurídicos que hasta hoy han producido efectos, lo mismo una boda, que las elecciones, contratos de arrendamiento privado o convenios comerciales internacionales. Si de verdad la vigencia plena del derecho se inicia apenas hace 3 años, tendríamos que asumir que México simplemente no existiría, porque un país sin pasado carece de futuro.
Pero efectivamente, hay quienes dentro de la actual administración, están convencidos de tal premisa, la cual combinada con afirmaciones como que, ahora nuestra nación será un proyecto de empresarios, por empresarios y para empresarios, resulta en una trágica modificación de facto –en flagrante violación a la constitución que nos rige- del tradicional esquema de división de poderes, sin que para esta conclusión se haya convocado a quien tiene por naturaleza la soberanía nacional. Adicionalmente a esta distorsión en la forma de gobierno, se ha dado lugar a una patética confusión de lo que son los sectores de la sociedad como elementos o parte componente de gran relevancia y necesaria participación, en las funciones de programas que verdaderamente se constituyan en una respuesta a las necesidades populares. ¿De verdad podemos afirmar que existe política social, cuando los apoyos se convierten en “coinversiones” con reglas similares a las de los préstamos bancarios? ¿No hay una intención clara de desaparecer al tercer sector –sociedad civil- cuando el sistema hacendario ordena una revisión total del status de las organizaciones que otorgan recibos deducibles, para obligarlas a someterse al arbitrio de sus pares que como única diferencia tienen, su vinculación con el círculo de poder?.
Pero la confusión, no sólo afecta al sector social; el área económica debiera tener muy claro cual tipo de apoyo le puede pedir a cada sector, ¿Por qué nadie ha dicho nada, ante los cientos de oficios que se refieren a las OSC´s como contribuyentes si de hecho, la condición para otorgarles tal estatus es, que fueran no lucrativas y por ende exentas de impuestos? La complicación burocrática que implica re-elaborar, sin justificación, documentos notariales que se han entregado con anterioridad, ¿es una forma de hacerle llegar negocio a las empresas jurídicas de certificación? o simplemente no hay congruencia entre la oferta de simplificación administrativa y una realidad burocrática que se impone y se ha hecho más tortuosa. ¿Con que fundamento este sector debe someterse a una revisión guiada por alguien sin facultades para determinar en que casos procedía la deducibilidad? ¿La presunción de prostitución de las actividades de algunas ONG´s justifica una intervención ilegítima en su operatividad o lo que es peor el bloqueo de la misma? Cuando por una parte, se ofrece el fomento y apoyo a programas para grupos desprotegidos y en la práctica, ningún dinero destinado a estos fines se ejerce si antes no contó con la autorización de instancias jurídicas válidas, el cuestionamiento es ¿A que instancia meta judicial debemos apelar, para que podamos tener un diálogo fructífero, quienes damos nuestro tiempo, talento y recursos y los que debieran impulsar nuestra causa?. ¿Quién o que sustenta y desde cuando, la vigencia plena del derecho alegado por gentes que -fuera del gobierno y en actitud francamente maniquea- se constituyen en los portadores de la verdad, la honorabilidad y la eficacia libre de toda sospecha?.
Lilia Cisneros Luján 